"(...) A finales de los años setenta, al terminar el
franquismo y empezar la democracia, España se estructuró en 17
comunidades autónomas —el equivalente aproximado a los Länder
alemanes— y en la actualidad es, según la mayoría de los estudiosos,
uno de los Estados más descentralizados del mundo.
Cataluña constituye
una de esas autonomías que se distingue por poseer una lengua y una
cultura propias, igual que Galicia o el País Vasco, y por ser una de las
zonas más ricas del país.
Desde el inicio de la democracia, el Gobierno
catalán —provisto de competencias exclusivas en algunos asuntos
vitales, como la educación o la policía, y amplísimas en todos— ha
estado casi siempre en manos de la derecha nacionalista, que en todos
estos años ha llevado a cabo una labor subterránea, minuciosa y desleal
no sólo de nation building, sino también de state building;
a pesar de ello, el separatismo nunca consiguió atraer a más del 20% de
los votantes. Hasta que en 2012, tres años después del inicio de la
crisis económica, la derecha nacionalista en el Gobierno se sumó a él.
Hay muchas causas que explican este cambio,
pero sobre todo dos. La primera es la negativa del Gobierno catalán a
asumir su responsabilidad por la mala gestión de la crisis,
atribuyéndosela en exclusiva al Gobierno de Madrid; la segunda es la
necesidad de desviar la atención pública de la oceánica corrupción que
los estaba ahogando.
Lo cierto es que a finales de 2012 el Govern diseñó
un plan separatista que se llevó a cabo con todos sus medios ingentes y
en nombre de la democracia, aunque sin el más mínimo respeto por las
reglas democráticas, lo que entrañó en los años siguientes el
incumplimiento sistemático de las leyes y las resoluciones de los más
altos tribunales.
Hasta que por fin, el 6 y 7 de septiembre de 2017,
los separatistas aprobaron en el Parlamento autonómico, de manera
totalmente irregular —en una bochornosa sesión celebrada en ausencia de
casi la mitad de la Cámara y en la que apenas se permitió el debate—,
dos leyes que, según los letrados de esa institución, derogaban de facto
el Estatuto catalán y violaban la Constitución española y la legalidad
internacional, que, como se sabe, sólo ampara el ejercicio del derecho
de autodeterminación —entendido como derecho de secesión— en los
territorios colonizados y en caso de violación de los derechos humanos;
ambas leyes, en definitiva, pretendían cambiar de arriba abajo el
ordenamiento jurídico democrático con el fin de proclamar la República
Catalana y dejarnos a los catalanes “a merced de un poder sin límite
alguno”, por usar las palabras con que el Constitucional anuló la
primera de tales leyes.
A ese flagrante ataque al Estado de derecho,
perpetrado a la vista de todos y ante la impotencia perpleja del
Gobierno español, es a lo que llamo un intento de golpe de Estado. La
expresión parecerá inadecuada a quienes hayan olvidado que los mejores
golpes de Estado se dan sin violencia física, precisamente porque no
parecen golpes de Estado; pero no se lo parecerá a quienes recuerden
que, como escribió Hans Kelsen en Teoría general del derecho y del Estado, un golpe se da cuando “el orden jurídico de una comunidad es nulificado y sustituido en forma ilegítima por un nuevo orden”.
Por lo demás, ¿qué otra cosa significa la aterradora
frase del Constitucional que acabo de citar sino que el Gobierno catalán
intentó triturar la democracia? (...)
Sea como sea, el resultado de esta tropelía es que
Cataluña vivió, en septiembre y octubre pasados, casi dos meses de
pesadilla durante los cuales la sociedad bordeó el enfrentamiento civil y
la ruina económica —más de 3.000 empresas sacaron su sede de la
comunidad—, hasta que el 27 de octubre, tras un referéndum fraudulento y
una declaración unilateral de independencia del Parlamento catalán, el
Gobierno central usó el artículo 155 de la Constitución —copiado por
cierto de la Constitución alemana— para tomar el control de la autonomía
y convocar elecciones casi al mismo tiempo que una juez encarcelaba a
algunos responsables del desastre y el presidente del Gobierno
autonómico huía de la justicia hacia Bélgica, donde ha residido hasta su
detención en Alemania.
Esto es en síntesis lo ocurrido en Cataluña en otoño.
Debería sobrar decir que, como han reconocido las más importantes
organizaciones humanitarias (de Amnistía Internacional a Human Rights
Watch), los políticos catalanes que están en prisión no son presos
políticos; son políticos presos, acusados, repito, de los delitos más
graves del Código Penal español, empezando por el de rebelión, reservado
a quienes intentan un golpe de Estado.
Dicho esto, me pregunto qué
quieren decir los alemanes sin duda bienintencionados que afirman que
Puigdemont no debe ser extraditado. ¿Que no tendría un juicio justo
porque en España no hay separación de poderes y por tanto no es un
Estado de derecho, dado que la España de hoy, tras 40 años de democracia
y 32 de pertenencia a la UE, no es en el fondo más que una copia
maquillada de la España franquista? Es lo que dice la propaganda
separatista, y es un disparate.
Para demostrarlo bastaría con recordar
un estudio sobre calidad de la democracia realizado por la Unidad de
Inteligencia de The Economist y publicado este año; según él, en el mundo hay apenas 19 full democracies:
entre ellas no se encuentran ni la francesa ni la italiana ni la
japonesa, ni siquiera la estadounidense, pero sí la española, que ocupa
el número 19.
¿Alguien se atrevería a decir que ni Francia ni Italia ni
Japón ni EE UU son democracias, o que son simples dictaduras disfrazadas
de democracias? (...)
Por lo demás, añadiré que soy un europeísta de izquierdas, convencido de
que la Europa unida es la única utopía razonable que hemos inventado
los europeos, y que, como tal, estoy seguro de que el cóctel
nacionalista que durante años se ha servido en Cataluña y constituyó el
principal carburante ideológico de lo ocurrido en otoño —un cóctel hecho
de victimismo histórico, egoísmo económico y narcisismo supremacista,
aliñado con gotas de xenofobia— no sólo es incompatible con los ideales
de la izquierda, sino absolutamente letal para la Europa unida." (Javier Cercas, 12/04/18)
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