"Ana Losada es una de las madres y padres —una quincena en
total— que, en los últimos años,han decidido llevar su rechazo al
sistema de inmersión lingüística de Cataluña a los tribunales. Es
una de las portavoces de la asociación Asamblea por una Escuela Bilingüe
(AEB), que desde 2014 asesora a las familias que quieran “solicitar el
bilingüismo” al Gobierno catalán.
Su
hija, de 10 años, estudia en el centro concertado Pare Enric d’Ossó, de
L’Hospitalet de Llobregat. Este instituto religioso imparte todas las
materias en catalán, a excepción de la asignatura propia de Lengua
Castellana.
“Quiero que mi hija sepa que el castellano es también una
lengua de cultura”, explica esta madre de 48 años. Losada pidió al
centro que impartiera más horas lectivas en esa lengua. Al no obtener
respuesta, denunció al Departament d’Ensenyament por entender que se
“vulneraban” los derechos de su hija.
A la espera de sentencia, el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña (TSJC) le dio la razón de forma provisional y
obligó al centro a que en la clase de la menor se impartiera, al menos,
un 25% de horas en castellano.Desde finales de 2015, la clase de la
alumna ha pasado de dos a seis horas semanales en castellano.
Esto se
traduce en que, ahora, su hija estudia otra asignatura más en esta
lengua; en su caso, Medio Social. El juez también obliga al instituto a
enviar las notas y las comunicaciones de su hija en castellano, en un
centro en el que la mayoría de estudiantes tienen ese idioma como lengua
materna.
sada explica que algunos padres, molestos por esta
medida, la acusaron de “politizar” la escuela. Otros, dice, le
agradecieron el aumento de horas en castellano. Ella defiende que su
hija “tiene los mismos derechos que otra persona catalanohablante” y
rechaza el actual sistema de educación. “La inmersión lingüística no
cohesiona y ahora lo vemos con una sociedad fracturada”, observa.
En
estos dos años, Losada mantiene que su hija, ha “mejorado” en
vocabulario y gramática. Y defiende que es “incomprensible” afirmar que
se pueda tener la misma “capacidad” y “comprensión lectora” en
castellano que en catalán con solo un espacio de dos horas a la semana
para la primera lengua.
La madre explica que acudió a los tribunales porque no
puede asumir el coste de llevar a su hija a un centro privado que sí
imparta el 25% de sus clases en castellano. “No tengo por qué sacar a mi
hija de su entorno socioeconómico”, asegura. “Quiero que domine el
catalán, pero el castellano también forma parte de su identidad”. (Guillem Andrés, El País, 17/02/18)
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