"(...) Pero vayamos a las propuestas de Iceta. En Cataluña se produce un
extraño fenómeno y es que las tesis de los independentistas terminan
impregnando a otros muchos que no lo son. Periodistas, expertos y
políticos, por ejemplo, del PSC, son presa del victimismo y afirmando
que Cataluña está maltratada.
Expresiones como “hay que buscar un encaje
con España”, “procurar que Cataluña se sienta cómoda”, “está
infrafinanciada”, “hay que aumentar el autogobierno”, etc. están
generalizadas y constituyen un buen exponente de lo que decimos. Antes
de abordar las propuestas concretas planteadas por el primer secretario
del PSC conviene, por tanto, dejar claras algunas cosas.
En primer lugar, Cataluña es una de las regiones más ricas de España,
la cuarta en renta per cápita.
Su nivel económico privilegiado no
deriva, al igual que ocurre con todas las regiones ricas, de la
excelencia propia o de ocupar un lugar privilegiado en la Historia, sino
de múltiples circunstancias aleatorias, entre las que se encuentra el
trato recibido del Estado, y del juego de mercado, por ejemplo del
consumo del resto de España.
A su vez, esa situación económica
aventajada la convierte por la aplicación automática de la política
redistributiva del Estado en contribuyente neto, al igual que en el
orden personal los ciudadanos de mayores rentas presentan también de
manera lógica un saldo negativo entre lo que contribuyen al Estado y lo
que de este reciben.
En el ámbito catalán se confunde con frecuencia
este déficit con una infrafinanciación, cuando no es tal, sino el
resultado racional de los mecanismos redistributivos de la Hacienda
Pública, que compensan el reparto injusto del mercado. (...)
Sea cual sea el sistema de financiación que se adopte para el futuro,
Cataluña, al igual que Madrid, Aragón, La Rioja y las Islas Baleares,
deberían presentar, aunque no ciertamente en igual cuantía, saldo
negativo al estar sus respectivas rentas per cápita por encima de la
media (también el País Vasco y Navarra, aunque lo eluden por el
Concierto).
No deja de ser curioso que sea Cataluña la que se queje
ahora del actual sistema de financiación, cuando se elaboró con Zapatero
de presidente del Gobierno y Montilla al frente de la Generalitat, y
casi en su totalidad de acuerdo con los deseos y exigencias de la propia
Cataluña.
En segundo lugar, que en estos años la Generalitat haya presentado un
mayor déficit y un incremento mayor en el nivel de endeudamiento que
las otras Comunidades, no obedece a los defectos que puedan existir en
el sistema de financiación autonómica, sino en el destino que cada una
de ellas ha dado a los fondos públicos.
Es una evidencia, aunque no sea
fácil cuantificarlo por ahora dada la complejidad administrativa de la
Generalitat, que el llamado procés ha absorbido una cantidad ingente de
recursos, no solo a través de los organismos y entes públicos creados en
la Administración con la única finalidad de garantizar, como se decía,
una estructura de Estado, sino también engrasando toda esa inmensa
máquina de publicidad y propaganda que ha funcionado sin escatimar gasto
para ese objetivo: favores a medios de comunicación nacionales y
extranjeros, públicos y privados, embajadas, pago de lobbies,
subvenciones a asociaciones, etc.
Por otra parte, no es ningún secreto que el presidente de la
Generalitat percibe la retribución más alta de las cobradas por los
restantes presidentes de las Comunidades Autónomas, en algún caso el
doble, y mayor que la del propio presidente del Gobierno español.
La
gravedad no se encuentra tanto en este dato aislado, sino en que, como
es lógico suponer, ese alto nivel retributivo se extiende hacia abajo a
toda la pirámide administrativa, consejeros, directores generales, etc.,
hasta el último auxiliar administrativo.
Recientemente se ha hecho
pública y notoria la diferencia retributiva entre los Mossos d´Escuadra y
la Guardia Civil y la Policía nacional. Pero me temo que eso mismo se
podría afirmar de casi todos los empleados públicos.
En tercer lugar, es necesario tomar conciencia de que estamos en
presencia de un golpe de Estado de una gravedad inmensa, y que no está
claro que esté totalmente desactivado. Las autoridades de una de las
Comunidades Autónomas más ricas y que produce el 20% del PIB nacional
han utilizado el inmenso poder que les concedía estar al frente de la
Administración autonómica para crear toda una estructura sediciosa capaz
de subvertir el orden constitucional y romper la unidad del Estado.
Sin
entrar en la discusión jurídica de si ha existido o no violencia de
cara a tipificar el delito de rebeldía o de simple sedición, lo cierto
es que han contado con una vasta capacidad de intimidación, la que les
proporcionaba manejar todos los medios materiales y personales
(incluyendo los Mossos d´Escuadra) de la Comunidad.
La amenaza ha sido
tanto mayor cuanto que Cataluña es una de las Comunidades con mayores
competencias. El peligro está lejos de disiparse, por lo que no parece
demasiada acertada la política de conceder cotas de autogobierno más
elevadas, más medios, para que en otro momento se puedan volver contra
el Estado, y entonces sí, tener éxito.
La estrategia debería ser más
bien la de limitar en la medida necesaria las competencias de la
Generalitat para que nunca más se pueda repetir un hecho tan aciago. Un
factor que ha contribuido decisivamente al fracaso de la supuesta
república independiente es la ausencia de una Hacienda Pública propia.
Sin ella, resulta muy difícil, por no decir casi imposible, cortar lazos
con el Estado.
El dinero manda. Es por tanto disparatada la propuesta
de ceder la gestión y la recaudación de todos los tributos a la
Generalitat.
En cuarto lugar, es preciso tener en cuenta que en el tema de la
financiación autonómica no hay nada gratuito. El dinero que se destina a
una Comunidad no se destina a otras, bien directamente o bien
detrayéndose del presupuesto del Estado, que afecta a todas las
Comunidades.
Es un sistema de suma cero. Con lo que en esta materia no
puede haber negociaciones bilaterales sino multilaterales, de todas las
Comunidades. (...)
Pues bien, con todos estos supuestos, estamos ya en condiciones de afrontar las propuestas de Iceta. (...)
Comienza afirmando que los gobiernos autonómicos deben poder ser
gobiernos auténticos y no meras gestoras de un Estado descentralizado.
Desconozco lo que el señor Iceta entiende por gobiernos auténticos
(Consejos de gobierno los denomina la Constitución).
Tal vez lo
identifique con “independiente”. En todo caso lo que es seguro es que
están muy lejos de ser meras gestoras. Cataluña cuenta con un grado de
autogobierno que para sí querrían muchos estados federados.
Intenta convencernos de que las paganas de la crisis han sido las
Comunidades Autónomas. Ciertamente que para prestar sus servicios han
tenido que enfrentarse a graves dificultades, pero tantas o más ha
tenido que superar el Estado.
La culpa no está en que el sistema de
financiación haya hecho aguas, si no en que lo que hizo aguas fue la
recaudación impositiva que se desmoronó a niveles desconocidos.
Curiosamente, si hubiese estado en vigor el sistema que propone el
candidato del PSC, con una mayor cesión de los grandes impuestos a las
Autonomías, las dificultades de estas hubiesen sido incluso superiores.
Frente a lo que afirma Iceta, los gastos del Estado han sido
lógicamente los más sensibles a la crisis; comenzando por el pago de
intereses, que, aunque no pertenezcan a la economía del bienestar,
resultan imprescindibles, a no ser que el primer secretario del PSC
defienda que hay que denunciar la deuda, cosa que no creo.
La teoría
económica engloba al seguro de desempleo dentro de lo que se denomina
“estabilizadores automáticos”, aquellos gastos que se elevan en tiempos
de crisis. El resultado más inmediato de la regresión ha sido la
explosión en el número de parados, y por consiguiente en la partida que
debe dedicarse a cubrir la prestación por desempleo.
Afirmar que las prestaciones por desempleo y las pensiones están
protegidas por las leyes y por los presupuestos públicos es tanto como
afirmar que la sanidad y la educación están protegidas por la
Constitución y por los presupuestos autonómicos. Sin ingresos, todo eso
es papel mojado, y las leyes se cambian.
Basta con observar lo que ha
pasado con las pensiones. Los jubilados son el colectivo que ha salido
más perjudicado con la crisis, especialmente de cara al futuro, ya que
la ley aprobada por el PP y auspiciada por Frankfurt y Bruselas condena a
este colectivo y a los próximos jubilados a ir perdiendo año a año
poder adquisitivo.
Es absurdo hacer comparaciones sobre las distintas
prestaciones de la economía del bienestar, en función de la
administración que las gestiona, aunque tal vez conviene recordar que
mientras la educación y la sanidad son universales, las prestaciones por
seguro de desempleo y las pensiones inciden sobre los colectivos más
desprotegidos. En todo caso, el victimismo es victimismo, aunque se
pretenda esconder detrás de todas las Comunidades Autónomas. (...)
Miquel Iceta insiste con frecuencia en el principio de “ordinalidad”.
Palabra que por cierto no existe en el diccionario. No resulta sencillo
llegar a entender lo que significa. Lo definen como que la política
redistributiva “no coloque en peor condición relativa a quien contribuye
respecto a quién se beneficia”.
Si por condición relativa se entiende
el orden de las Comunidades establecido respecto a la renta per cápita,
el principio sería inútil porque no hay ninguna posibilidad de que eso
ocurra.
Ahora bien, si lo que se pretende es que las Comunidades que más
contribuyen tengan que ser también las que más reciban contradeciría la
misma esencia de la política redistributiva que se basa más bien en lo
contrario. Los ricos son los que menos necesitan las prestaciones y los
servicios públicos.
El primer secretario del PSC repite que no pide nada para Cataluña
que no pida para las otras Autonomías. Puede ser cierto. El problema es
que tanto en el orden personal como en el territorial las medidas que
son buenas para los ricos no suelen serlo para los menos afortunados.
La
condonación de la deuda no tiene la misma significación para Cataluña
-que debe al Estado 52.499 millones de euros- que para Extremadura -que
adeuda tan solo 2.031. Extender una copia del cupo vasco, aun cuando
fuese limitado, a todas las Comunidades sería muy beneficioso para
Madrid y Cataluña, y por supuesto para el país Vasco que ya lo tiene,
pero tendría efectos devastadores para Andalucía y Extremadura.
Y lo del
principio de ordinalidad, si alguna vez descubrimos qué significa, me
temo que solo favorecería también a Madrid y a Cataluña.
No parece que todas estas medidas tengan mucho encaje en un programa
socialdemócrata. Casan mejor con las clásicas peticiones que hacían los
nacionalistas antes de echarse al monte.(...)" (Juan Francisco Martín Seco, República.com, 07/12/17)
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